ALAI-AMLATINA, 16/08/02, Buenos Aires.  Siete organizaciones de mujeres y de derechos humanos son las responsables del contrainforme sobre los derechos humanos de las mujeres elaborado con motivo de que esta semana Argentina presentará un informe oficial sobre la condición de las mujeres ante el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en sus siglas en inglés) de Naciones Unidas. Esta convención fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1979 y ratificada por la República Argentina en 1985, adquiriendo jerarquía constitucional con la reforma de la Carta Magna en 1994.

El contrainforme realiza un enfoque crítico sobre la efectividad en la protección de los derechos contenidos en la CEDAW desde el año 1997, fecha del último informe del Gobierno argentino al Comité, hasta mayo de 2002. Tiene como fin contribuir a que el Comité cuente con más elementos de la realidad para hacer una evaluación completa sobre la situación de los derechos de las mujeres en el país. El propio Comité de la CEDAW alienta la presentación de estos contrainformes o "informes sombra" con el fin de escuchar las demandas y perspectivas del movimiento de mujeres y feminista del país en cuestión, ya que es sabido que los Estados a la hora de rendir cuentas suelen concentrar la información en sus logros y evitan mencionar sus errores y omisiones.

La situación de la mujer en Argentina no es ajena a la grave situación institucional, económica y social por la que atraviesa el país, producto de una década de ajuste estructural que afectó seriamente la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los sectores sociales, pero en particular de aquellos más excluidos, entre ellos las mujeres, las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Luego de la crisis de diciembre de 2001, la situación empeoró al registrarse un aumento en el cierre de comercios y empresas, con la consecuencia de un incremento del desempleo y de la marginación social. Si bien todavía el Estado no ha procesado información oficial actualizada desagregada por sexo, es notoria un alza en la feminización de la pobreza como así también la manera en que ésta afecta a la niñez y la adolescencia. Se calcula que, como producto de la crisis actual,  un 70% de la población menor de 20 años vive en hogares pobres o indigentes.

Según señalan las organizaciones responsables del contrainforme, la situación de discriminación contra las mujeres, salvo algunas excepciones, es similar a la informada hace cinco años. El gobierno no difundió las observaciones que el Comité de la CEDAW realizó al informe argentino en aquella oportunidad, ni actuó al respecto. Esto ha incidido negativamente y la mayoría de las violaciones denunciadas en aquella oportunidad continúan vigentes o se han agudizado. Además, el retroceso se visualiza claramente en la situación por la que atraviesa el Consejo Nacional de la Mujer, que a mediados de la década pasada dependía directamente de Presidencia de la Nación y tenía así más posibilidades de incidir en las políticas públicas. Ahora ha quedado reducido a una instancia desjerarquizada al pasar a ser,  a partir de enero de 2002, un programa que depende del Consejo Nacional de Políticas Públicas, con una merma importante en su presupuesto y en su autonomía de gestión.

Pero hay otro hecho grave que ha puesto en alerta al movimiento de mujeres y feminista argentino. A mediados de 2001, el Senado de la Nación había recibido el proyecto de ley para la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW. Este Protocolo, aprobado por la ONU en 1999, incluye procedimientos más expeditivos y eficaces con el objetivo de permitir un mayor control y protección de los derechos contenidos en la CEDAW. No introduce modificaciones a la Convención, sino que habilita nuevos mecanismos para que sea más efectiva su puesta en práctica. Para ello, establece dos procedimientos adicionales de protección: la presentación de peticiones individuales por parte de las víctimas y la investigación de oficio por parte del Comité.

Sorpresivamente, el 30 de abril último el Poder Ejecutivo envió un mensaje al Senado solicitando el retiro del proyecto de ley con el cual se iba a ratificar este Protocolo. En el contrainforme, las organizaciones responsables se encargan de señalar que "entienden que tal decisión obedeció a la fuerte presión ejercida por la Iglesia Católica y a la decisión del presidente Duhalde y el canciller Ruckauf, de objetarlo por entender que afecta la soberanía nacional y que 'no existe un suficiente resguardo frente a interpretaciones de la Convención y recomendaciones orientadas a la promoción de la despenalización del aborto'".

El contrainforme incluye secciones donde se analizan detalladamente la situación de los derechos de la mujer en las siguientes áreas: derechos sexuales y reproductivos; derechos económicos, sociales y culturales; tráfico de mujeres; mujeres migrantes; violencia contra la mujer e igualdad de mujeres y varones ante la ley. Las organizaciones responsables este documento son: Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer (ADEUEM); Feministas en Acción, Asociación Mujeres en Acción, CLADEM Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Instituto Social y Político de la Mujer. Tres representantes de estas  entidades presentarán el documento ante el Comité de la CEDAW luego de que haga lo propio el gobierno argentino.

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